Después de algunos años de lucha para demostrar la verdad, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali archivó de manera definitiva la denuncia contra la empresa palmicultora Ocho Sur, en la que se le acusaba de usurpar tierras de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya para supuestamente construir una trocha.
El mismo hecho falso, que fue denuciado en tres fiscalías distintas de manera ilegal y de mala fe, fue definitivamente archivado por carecer de evidencia alguna que vincule a Ocho Sur con los hechos atribuidos. Incluso, la misma Comunidad Nativa se presentó y rechazó la denuncia ante el juez, confirmando que Ocho Sur no tenía nada que ver con esas imputaciones y que dicha denuncia fue hecha a espaldas de la Asamblea General de la Comunidad.
Esta falsa denuncia de usurpación de tierras nativas promovida por ciertas ONG como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest People Program (FPP) fue ampliamente difundida en algunos medios afines a estas ONG con el objetivo de dañar la reputación de Ocho Sur a nivel nacional e internacional, incluido clientes y organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Llama mucho la atención que, por instrucción de un fiscal superior de Pucallpa, esta tercera denuncia haya avanzado pese a que hubo dos investigaciones previas realizadas y archivadas; además, desde un inicio el fiscal provincial pidió el sobreseimiento del caso por falta de elementos probatorios.
El modus operandi es el mismo: instrumentalizar a la fiscalía para descalificar a personas e instituciones, dañando su honra y reputación, con falsas denuncias que ellos mismos promueven y luego las utilizan como respaldo a su falsa narrativa para atacar la formalidad y la inversión responsable y privada en el país.
La acusación falsa fue dirigida directamente a dos representantes legales de Ocho Sur por el simple hecho de ser representantes y/o apoderados, sin ninguna prueba en su contra, ni ninguna mención de sus nombres por partes de los denunciantes.
Basándose en los sólidos argumentos presentados por la defensa, el juez Tom Quio Rivero tomó la correcta decisión de archivar la denuncia, poniendo así fin a un proceso judicial que carecía de todo sentido.
Comunidad Nativa, supuesto agraviado, rechazó la denuncia
La Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, mediante sus líderes legítimamente elegidos, señaló que la denuncia por usurpación agravada, en perjuicio de la comunidad, no reflejaba la posición de la misma. El jefe Wilson Barbaran dejó en claro que la comunidad no se vio afectada por este presunto acto de usurpación por parte de la empresa Ocho P S.A.C., desmintiendo así las acusaciones planteadas.
Además, alertó que el supuesto frente de defensa que están promoviendo estas ONG no representa a la comunidad y es una creación del IDL y FPP como parte de su estrategia para seguir creando división y conflictos, dentro y fuera de la comunidad nativa, con el objetivo de seguir captando fondos millonarios del exterior.
El dirigente aclaró que no existe ninguna disputa entre la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya y Ocho Sur, precisando que la empresa nunca ha pretendido despojarlos de su territorio. Al contrario, señaló que la empresa es buen vecino y brinda apoyo constante a la comunidad.
