Por carecer de sustento alguno, el Ministerio Público y el Poder Judicial decidieron archivar tres denuncias contra la empresa Ocho Sur, dedicada a la producción sostenible de productos y derivados de palma aceitera en Ucayali.
A la empresa palmicultora se le atribuyó la construcción de dos carreteras ilegales, una en terrenos de propiedad de una tercera empresa y otra en dominios supuestamente de una comunidad nativa, acusando además a la compañía de una presunta deforestación y usurpación de tierras.
Asimismo, de manera malintencionada y calumniosa, se denunció a funcionarios de Ocho Sur por supuestamente haber forzado a sus trabajadores a laborar durante la pandemia de la covid-19.
La denuncia por la supuesta deforestación que incluía la mejora de dos carreteras enripiadas fue archivada por el Poder Judicial, que rechazó contundentemente la acusación porque los hechos atribuidos no se encontraban debidamente acreditados.
La otra imputación por una presunta usurpación de tierras de una comunidad nativa también fue archivada por el Ministerio Público, debido a que nuevamente no se sustentó el hecho denunciado y, mucho menos, existieron elementos probatorios para atribuir estos sucesos a Ocho Sur.
Finalmente, en otra resolución contundente el Ministerio Público archivó la tercera acusación por supuestamente obligar a trabajadores a laborar durante la pandemia, tras verificar que no había elementos mínimos que justificaran iniciar una investigación.
Así lo dio a conocer el vocero legal de la empresa palmicultora, Daniel Huamán, quien precisó que esta última se amparaba en publicaciones anónimas en redes sociales y, no obstante que el fiscal brindó un considerable tiempo para que la denunciante presentara alguna prueba de sus afirmaciones, ello no se produjo.
Remarcó que las denuncias aludidas son la evidencia de una clara estrategia para acosar y dañar la reputación de Ocho Sur, con acusaciones falsas y repetitivas que luego son promocionadas en ciertos portales digitales de manera orquestada.
Agregó que, como empresa, se alertaba al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las autoridades y entidades del Estado para que no se dejen sorprender, presionar y/o intimidar por organizaciones y personas inescrupulosas que sólo buscan causar conflictos entre vecinos.
“Asimismo, buscan dañar la reputación de la gente de nuestra región y el buen nombre de empresas que, siendo negocios formales como Ocho Sur, cumplen con todas las leyes nacionales e internacionales, y que protegen a sus trabajadores, a sus vecinos y al medio ambiente”, señaló el representante legal de la empresa.
