Con relación a una información tendenciosa, emitida por un medio de comunicación local, sobre la adquisición de tierras en Ucayali, el Grupo Ocho Sur, empresa dedicada a la producción sostenible de productos y subproductos de palma en esta región, ratificó que inició sus operaciones en el año 2016, tras adquirir los fundos Tibecocha y Zanja Seca, luego de tres subastas públicas organizadas por una entidad fiduciaria, fiscalizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Así lo dio a conocer a través de un comunicado donde expresa que estos hechos no se ajustan a la verdad, porque desde el ingreso de su gestión señala que ha actuado 100 % apegada al cumplimiento de la legalidad y la normatividad peruana.
“Esto a base de un código corporativo cuyas columnas básicas son la transparencia y la integridad hacia dentro y fuera de la empresa, y muy especialmente, frente a toda la comunidad ucayalina”, precisa el comunicado.
Asimismo, Ocho Sur afirma que viene atendiendo todas las investigaciones y procesos administrativos o judiciales en defensa de sus derechos y utilizando las herramientas legales que el Estado de Derecho le otorga.
Sobre los hechos difundidos por la publicación antes referida, que hoy son motivo de investigación, la empresa agroindustrial subraya que es vital precisar que estos se produjeron antes que Ocho Sur tome control de las plantaciones Tibecocha y Zanja Seca, es decir, antes del 2016.
Igualmente, el grupo empresarial reiteró que, desde el inició de sus actividades, no ha expandido sus áreas, ni lo planea hacer, calificando como irresponsable la publicación de ese medio de prensa que pretende involucrar a Ocho Sur en una investigación a una organización criminal, aparentemente integrada por ex funcionarios y otras personas, con la que no ha tenido ningún trato o coordinación.
Finalmente, Ocho Sur manifiesta en su comunicado ratificar su compromiso de seguir actuando a base de su código corporativo, en cumplimiento de la legalidad peruana, y rechaza toda práctica delictiva y/o fuera de la normatividad vigente, así como cualquier intento de presión o extorsión mediática o de terceros, que pretenda afectar la línea de conducta que vienen ejecutando.
